A finales del mes pasado se iniciaba el proceso judicial contra el exCEO de Audi, Rupert Stadler, el antiguo directivo de Porsche Wolfgang Hatz y dos ingenieros del Grupo Volkswagen. Precisamente ha sido uno de estos últimos, identificado como Giovanni P., el que ha realizado importantes declaraciones sobre la implicación de la cúpula del organigrama del Grupo VW en esta estafa.

Giovanni P. está acusado de varios cargos relacionados con el desarrollo del dispositivo electrónico que montaron en los motores diésel. Este permitía a los coches detectar cuándo estaban siendo probados, para así poder funcionar en esos momentos a un nivel aceptable de emisiones, y pasar así dichos controles. Se ha declarado culpable de estos delitos y han reconocido tanto él como el otro ingeniero haber participado en la manipulación de más de 400.000 vehículos desde el año 2008.

Sin embargo, él ha negado ser el principal responsable de todo este entramado, como argumenta la teoría utilizada por la defensa de los altos cargos del Grupo VW. Exponen que este fraude fue elaborado de forma encubierta por los propios empleados y algunos mandos intermedios de la empresa, y que nunca tuvieron conocimiento de lo que estaba pasando con los coches diésel. Martin Winterkorn, exCEO de Volkswagen que dimitió a los pocos días de estallar el escándalo, no admitió ninguna responsabilidad.

Giovanni P. ha desmontado esta hipótesis al afirmar que “toda la compañía estuvo involucrada. Cuando se descubrió el escándalo del diésel en 2015, nadie podía decir: No sabía nada”. El ingeniero ha declarado que él y su equipo se encontraban al final de una cadena y tenían que implementar las decisiones que llegaban de arriba. “No podía hacer lo que yo quisiera”, comentó. En algunos casos, ni siquiera se les permitía cuestionar estas órdenes.

Los abogados de Stadler, por su parte, se han quejado de la presencia de su cliente en el mismo juicio que los otros tres acusados. Argumentaron que al exCEO solo se le acusa de no detener la venta de vehículos trucados a partir del otoño de 2015, mientras que al resto se les imputa una implicación directa en la manipulación ocurrida desde 2008. No obstante, el tribunal ha rechazado su petición de juzgar al exdirectivo en una pieza aparte del caso.

Estas declaraciones recuerdan a las que ya tuvieron lugar en los procesos judiciales llevados a cabo en Estados Unidos, donde se dictaminaron las primeras sentencias de este caso. James Liang era el ingeniero de VW encargado de velar por el cumplimiento de las regulaciones de los motores diésel en el país norteamericano, y fue el primer imputado por el “Dieselgate”. Reconoció su culpabilidad en la manipulación de los diésel y fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel en 2016.

Liang colaboró con la justicia norteamericana, lo que permitió que se llegara a probar la implicación de altos directivos del Grupo VW en el país como Oliver Schmidt. Este ejecutivo fue sentenciado a siete años de cárcel y al pago de una multa de 400.000 dólares por estar al tanto del engaño del “Dieselgate”, consentirlo e ignorar las advertencias emitidas por las autoridades competentes, siguiendo adelante con la comercialización de los coches fraudulentos.