El pasado 19 de noviembre fue detenido en el aeropuerto de Haneda (Tokio, Japón) el ultradirectivo francobrasileño Carlos Ghosn y su estrecho colaborador, el norteamericano Greg Kelly. Este último pudo salir bajo fianza el 25 de diciembre tras pagar 557.000 euros (70 millones de yenes), pero Ghosn no. Es más, hace unas horas un tribunal decidió prolongar su arresto otros 10 días, así que hasta el 11 de enero va a seguir donde está.

Sobre Ghosn pesan ahora mismo tres órdenes de detención. La primera de ellas se relaciona con una presunta ocultación de ingresos entre 2011 y 2015, la segunda sobre lo mismo entre 2015 y 2018, y la tercera relacionada con que Nissan asumió -presuntamente- un pufo financiero personal del directivo de 16,6 millones de dólares y violó la confianza de la compañía. Como todo esto no fue publicado en los informes y viola las normas de transparencia japonesas, los investigadores han ido a por él. Mientras permanece detenido no puede hacer declaraciones, y pueden interrogarle sin la presencia de su abogado. Solo la primera acusación es formal.

Entre 2011 y 2018 se supone que Ghosn ha ocultado el cobro de 8.000 millones de yenes, al cambio unos 63 millones de euros. Ghosn ha caído en desgracia y 2019 será, seguramente, su peor año. Ya ha sido destituido como consejero delegado (CEO) de Nissan y Mitsubishi, y en Renault están a la espera. La alianza de fabricantes que ostenta el liderazgo del automóvil en el mundo puede empezar a tambalearse.

Renault, Nissan y Mitsubishi forman parte de una alianza. Renault tiene un buen trozo de Nissan (43,4 %), Nissan un 15 % de Renault, y Nissan el 34 % de Mitsubishi. Ghosn es el arquitecto responsable de que estos tres fabricantes y las marcas que controlan (Datsun, Lada, Infiniti, Dacia…) hayan pasado por encima de General Motors, Toyota y Volkswagen. Ahora el francobrasileño se expone a 10 años de cárcel, y en el sistema penal japonés no las tiene todas consigo.

El 11 de enero sabremos si puede salir provisionalmente, aunque no le dejen abandonar el país, o si hay otro vericueto legal para que siga retenido mientras los fiscales acumulan pruebas para meterle un buen paquete.