La contaminación y la lucha contra el cambio climático se han vuelto un problema muy serio, aunque parece que las administraciones quieren atajarlo de raíz en poco tiempo. Por eso, el Gobierno enviará al Congreso antes de 100 días un proyecto de ley de cambio climático que incluirá la obligación de que las localidades de más de 50.000 habitantes creen “zonas de bajas emisiones” como Madrid Central.

Se trata de una propuesta que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía en su anteproyecto de ley elaborado en la pasada legislatura y que nunca se llevó a la Cámara. Teresa Ribera, vicepresidente cuarto y ministra de transición ecológica, ha apuntado que en el anteproyecto de ley hay modificaciones. Antes, crear una zona de bajas emisiones era una opción para aquellas localidades con más de 50.000 habitantes, pero ahora será una obligación.

Hoy se ha aprobado una Declaración de Emergencia Climática, algo que afectará a todas las actuaciones del Gobierno con la reducción de emisiones de CO₂, con el objetivo de que España cumpla con el compromiso internacional de contar con emisiones neutras, es decir, no emitir más CO₂ del que sea capaz de absorber. Un objetivo para el que se ha marcado como límite el año 2050.

Los motores de ciclo diésel vuelven a ser centro de atención, aunque para esta ocasión se mantendrán los objetivos que se marcaron desde el gobierno en la anterior legislatura. Así, se cumplirá “a rajatabla” la redacción de la Unión Europea, que concreta que los coches “deben tener cero CO₂ por kilómetro en 2050″. Sin embargo, Teresa Ribera no ha perdido la ocasión para destacar que otros países de la Unión Europea están adelantando ese objetivo.

Al mismo tiempo se ha hablado sobre la fiscalidad verde, señalando que se mantendrán los objetivos marcados por el G20 en 2009 y no habrá nuevos subsidios para combustibles fósiles, salvo cuestiones sociales justificadas. Esto puede afectar tanto al GLP como al GNC. Igualmente, María Jesús Montero, portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, ha declarado que llevan meses, en colaboración con otros ministerios, revisando la fiscalidad mundial en torno a figuras que tienen que ver con el cambio climático y la protección del medio ambiente, con el fin de buscar soluciones para España.

Junto a la propuesta de ley, el Gobierno se ha comprometido a adoptar hasta 30 líneas de acción prioritarias para combatir el cambio climático. El ejemplo, nuevamente, es Francia, y se crearán “asambleas ciudadanas” para fomentar la “participación y aportación de ideas”.

Ribera ha recordado que la Declaración de Emergencia Climática tiene su base en una proposición no de ley de Unidas Podemos, que fue enmendada por el PSOE y aprobada en septiembre de 2019 por todos los diputados del Congreso, excepto los 24 que por entonces tenía VOX, que votaron en contra.