¿En qué afectará el nuevo gobierno de izquierdas al automóvil?

¿En qué afectará el nuevo gobierno de izquierdas al automóvil?

Analizamos el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos


Tiempo de lectura: 6 min.

Hoy se ha puesto término a la situación de “interinidad” del Gobierno de España, situación que se mantenía desde la moción de censura de verano de 2018. Han sido 167 “sí” contra 165 “no” y 18 abstenciones, por lo que el nuevo ejecutivo está legalmente aprobado. Conviene por tanto repasar qué pactaron el 30 de diciembre de 2019 los firmantes del gobierno de coalición, el primero desde la Constitución de 1978, que son el PSOE y UP.

El programa está repleto de buenas intenciones en múltiples áreas, como la ecología, el feminismo, la justicia social, los actores más débiles de la economía… pero ahora mismo lo que nos importa es analizar en qué afectará al sector de automóvil, pero no tanto hablando de las grandes empresas, sino de los particulares y las PYME. Lo primero es que hay que hablar de impuestos.

En el apartado 10.3 encontramos que habrá una “nueva fiscalidad verde como mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente, evitando siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y PYMES.” Hay que saber leer entre líneas, lo primero será el conocido como “impuesto al diésel”. No prohibirán los petroleros, pero sí harán que no sean tan atractivos.

En realidad, se tratará de equilibrar la carga fiscal de cada litro de gasóleo frente al de cada litro de gasolina, obviamente al alza, de forma que se pague lo mismo de impuesto de hidrocarburos (IVMDH), aunque obviamente los que repostan gasolina pagarán más impuestos al gastar más litros. Otro vector de interés es el impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM), de titularidad municipal, que puede ser reformado para tener en cuenta parámetros diferentes a los actuales (cilindrada, número de cilindros, número de plazas o capacidad de carga), o el impuesto de matriculación (IEDMT).

El PSOE votó en contra de la armonización gasolina/diésel en 2011

Durante el II Foro del Clima, en julio de 2018, Unidas Podemos presentó un documento de 148 páginas con medidas para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que el PSOE intentó sacar adelante previamente. El vídeo de su presentación está unas líneas más arriba, aviso que dura 3 horas. Sintetizando mucho, se puede resumir en que:

  • Se impondrán cuotas de matriculación de vehículos eléctricos por ley, partiendo de un 3 % para este año, el 25 % en 2025, el 70 % en 2030 y 100 % en 2040. Es decir, no se matricularán más térmicos en 20 años, incluyendo híbridos, aunque podrían colar históricos (matriculados antes del 2010) desde el extranjero.
  • Se penalizarán a nivel impositivo las emisiones contaminantes (CO2, PM10, PM2,5, NOx y SOx) siguiendo el principio de “quien contamina, paga”, afectando principalmente a los SUV, los deportivos y los todoterrenos, especialmente los más antiguos. Meterían mano a los IEDMT e IVTM, este último en función de “una combinación de potencia, peso (excluyendo el peso de la batería eléctrica) y emisiones del vehículo”.
  • En los grandes núcleos urbanos (más de 100.000 habitantes), en zonas de bajas emisiones, se prohibirá la circulación de cualquier vehículo diésel. Viene reflejado en el artículo 38, sección 2.f.
  • Se apoyará fuertemente el despliegue del coche eléctrico con ayudas a la compra y la instalación de puntos de recarga. La producción de energía renovable aumentará y se desenchufarán de acuerdo a lo previsto las centrales térmicas y nucleares.
  • Fomentarán el uso del vehículo compartido.

Volvemos a hablar del acuerdo firmado entre PSOE y UP en lo sucesivo. La Aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética está recogida en el pacto en el apartado 3.1 y no les costará a las dos partes ponerse de acuerdo, pero sí necesitan la colaboración de más grupos parlamentarios.

Mercedes-Benz E 300 de

Además, hay que tener en cuenta que con la citada Ley de Cambio Climático y Transición Energética aumentarán en las grandes ciudades las zonas de bajas emisiones, donde los vehículos eléctricos tendrán libertad de movimientos y los más contaminantes quedarán restringidos o directamente erradicados, como ya pasa en las ZBE de Madrid y Barcelona, donde ya no se puede circular -o estacionar- libremente sin distintivo ambiental desde el pasado día 1 de enero. Esperemos que mantengan un trato amable con los vehículos históricos, si bien esto no se menciona.

Compensando el impacto que tendrá en la movilidad, está previsto elaborar la Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte público (apartado 3.8), para aumentar su eficiencia en términos económicos y que transporte a más gente. Se reforzarán las conexiones de los municipios con la cabecera de cada comarca y las conexiones intermodales. También se favorecerá la cultura de la bicicleta en nuestro país como medio de transporte limpio y sano.

En cuanto a las autopistas de peaje, dicen que revisarán “el modelo de peajes de la red viaria de alta capacidad encaminado a garantizar la sostenibilidad y el uso eficiente”. Eso no significa de entrada que se vayan a colocar los peajes electrónicos que tanto sueña SEOPAN con implantar en España (repago de infraestructuras, el modelo portugués), pero sí que no se sigan renovando concesiones existentes ni que se acepten proyectos nuevos de vías de peaje. Algunas autopistas de peaje podrán pasar a ser gestionadas a nivel autonómico, cediéndolas el Estado, como la AP-9 en Galicia.

Autopista R 2

Fotografía: Carlos Felipe Ríos (Flickr) CC BY-SA

La movilidad del futuro será apoyada mediante la “revolución digital” y el Plan para el despliegue de infraestructuras digitales (apartado 4.1).  Aquí se incluye el desarrollo de la red de telefonía móvil digital 5G, que facilitará la interconexión de vehículos e infraestructuras para aumentar la fluidez del tráfico y la seguridad vial, entre otros beneficios.

El acuerdo no menciona nada sobre seguridad vial ni tráfico, por lo que presuponemos que continuará la política de la actual DGT, en manos de Pere Navarro. Los desarrollos legislativos pendientes apuntan a un endurecimiento del castigo contra ciertas conductas, como conducir utilizando el teléfono móvil (se equiparará con ir borracho o drogado), o la reducción del límite de velocidad a 80 km/h en algunas secundarias. De los 140 km/h en autopistas y autovías nos olvidamos ya del todo.

En cuanto a la industria, el punto 4.9 habla de elaborar un Plan de Desarrollo Industrial, con vistas al 2030, para mejorar la competitividad y el respeto al medio ambiente. Interpretando de forma libre ese punto, podría apretarse a los fabricantes para que hagan en España más versiones híbridas o eléctricas, pero eso iba a ocurrir igualmente por los objetivos de reducción de CO2 de Bruselas, así que puede que ni haga falta.

En definitiva, siempre que hay un cambio de Gobierno hay gente que lo celebra y gente que tiene ganas de emigrar, pero en cualquier caso siempre habrá medidas que nos beneficien y otras que nos perjudiquen, y esto se cumple gobierne quien gobierne.

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Gonzalo Lara
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Gonzalo Lara

“evitando siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y PYMES.» ” lo primero será el conocido como «impuesto al diésel»”.

Con dos cojones. Nos hemos acostumbrado a que nos mientan a la puta cara y encima tener que dar las gracias.

Voy a ir arrancando el jet pack porque en Españistán… nohing to do here.


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