Nos encontramos ante un capítulo más que engrosará la factura resultante del Dieselgate. Los modelos Golf, Tiguan y Touran, que se montan en la gigantesca factoría de Wolfsburgo, retrasarán su montaje hasta que no tengan meridianamente claro que sus emisiones contaminantes se ajustan a las nuevas exigencias del ciclo WLTP (“Procedimiento Mundial Armonizado de Ensayo de Vehículos”) activado el 1 de septiembre del pasado año. También ocurre con otras marcas del Grupo, como Porsche.

El 1 de septiembre de 2018 se aplicará a todos los vehículos que entraron en el mercado antes de septiembre de 2017, y que se matriculen nuevos a partir de dicho mes. Agosto será interesante en cuanto a automatriculaciones masivas, ¡será buen otoño para comprar un coche nuevo!

Este nuevo procedimiento WLTP es bastante más exigente que el anterior ciclo de homologación, el NEDC. Este se conformaba con hacer las pruebas a cada modelo con cada motor. Ahora se complica la cosa, porque para la certificación se tiene en cuenta todo el equipamiento que puede llevar el modelo, con lo que varía el peso del vehículo y, por tanto, el consumo de combustible y las emisiones del escape. Tenéis mucha información al respecto en la página wltpfacts.eu (en inglés).

Teniendo en cuenta que el Grupo Volkswagen en particular -y los fabricantes alemanes en general- hacen vehículos a la carta con infinitas opciones de acabados y equipamiento, y considerando las premisas anteriores, nos encontraremos con que habría que homologarlos de forma individual, tarea que se antoja algo imposible si fuéramos totalmente estrictos. A lo mejor, a los fabricantes les da por ofrecer una gama con equipamientos cerrados reduciendo al mínimo las opciones y, por ende, menos variación de pesos, consumos y emisiones. Sólo en Volkswagen tendríamos más de 200 certificaciones diferentes y más de 250.000 vehículos esperándolas.

Además, el nuevo procedimiento tendrá consecuencias fiscales, pues el ciclo WLTP da unas lecturas de dióxido de carbono (CO₂) más altas, ya que los consumos son más realistas y una cosa implica la otra. En el caso de España, la emisión por debajo de los 120 gramos por kilómetro está exenta de pagar el impuesto de matriculación; en el intervalo de 121 a 160 gramos está gravada con un 4,75%; entre 161 y 200 gramos con el 9,75% y, si se superan los 200 g/km será del 14,75%. En favor de los fabricantes, podemos recordar que desde septiembre de 2017, fecha en la que entró en vigor la normativa Euro 6d, tanto los vehículos diésel como gasolina sí cumplen los límites legales de NOx y de partículas.

Los fabricantes se encuentran con un dilema: o adecúan su producción a las nuevas normas a marchas forzadas con el consiguiente encarecimiento de los vehículos, o dejan que estos se acumulen en sus campas hasta que no estén totalmente seguros de su correcta homologación. Ello implicaría, entre otras cosas, retrasar las entregas previstas, así como una reducción de su margen de ganancia para repercutir lo menos posible en el precio final y compensar la subida del impuesto de matriculación que le tocaría pagar al cliente, como siempre.

A partir del 1 de enero de 2019 entrará en vigor la nueva normativa RDE, aún más restrictiva que la WLTP, ya que reflejará el consumo y emisiones de los óxidos de nitrógeno (NOx) de los motores diésel en condiciones reales de conducción

Si el actual Gobierno de España no opta por derogar el plazo de transición para pasar de un sistema de homologación a otro (mediante la aplicación de un coeficiente reductor o herramienta de correlación que tenga en cuenta las diferencias de emisiones según el ciclo utilizado) hasta el 31 de diciembre de 2018, como recomendaba la CE, puede ser una pequeña bombona de oxígeno, al menos en nuestro país.

A partir de esa fecha no hay certeza de lo que pasará, y si no cambia la legislación respecto a ligar el Impuesto de Matriculación a las emisiones de CO₂, mucho nos tememos que subirá el precio de los vehículos. Solo en nuestro país, se vería afectado un 6% del total. Eso sí, más que subir, tendrían el precio correcto, ya que se han perdido miles de millones de euros en recaudación del impuesto de matriculación por homologaciones que no eran realistas, y eso tiene impacto en las cuentas públicas.

¿Por qué tenemos que pagar siempre los ciudadanos los abusos, los engaños y las mentiras de las grandes empresas y los gobiernos? Tal vez deberíamos coger la costumbre de protestar y manifestarnos ante estos desmanes, aunque no nos hagan ni p*** caso. Si nuestros mayores han sido capaces de salir a la calle para pedir unas pensiones dignas, el resto no tendríamos que ser menos. Los fabricantes de automóviles tienen que mirar más por su clientela, no por ser meros compradores, sino por ser personas, personas a las que se les lleva años tomando el pelo.