¿Os acordáis del Dieselgate, ese culebrón que empezó en septiembre de 2015 en Estados Unidos? Pues en esta temporada tenemos una nueva trama, la de Canadá. Volkswagen, Audi y Porsche también exportaron a ese país turismos y SUV con motores comercializados como Clean Diesel (2.0 TDI y 3.0 TDI) y que tenían emisiones de óxidos de nitrógeno (NO_x) hasta 35 veces superiores a las legales.

Los canadienses empezaron a investigar a la empresa también en 2015, pero la acusación formal de violar la legislación ambiental –Canadian Environmental Protection Act– y por publicidad engañosa no llegó hasta el 9 de diciembre, lunes, de este año. Son 60 cargos por la importación de 128.000 coches con las conocidas programaciones de centralita que hacían trampas al homologar. Como empresa, Volkswagen acepta su culpabilidad.

El viernes 13 el representante legal de Volkswagen en Canadá, David Humphrey, pretendía acabar por la vía rápida: aceptar la culpabilidad y asumir el paquete que toque. Sería coherente con haber asumido la culpabilidad en Estados Unidos, Corea del Sur o Alemania. Pero el juez Enzo Rondinelli retrasó la vista hasta hoy.

El motivo fue que un abogado que representa al grupo medioambiental Ecojustice solicitó al juez formar parte de la acusación. Dicho abogado, Amir Attaran, quería que se pudiesen oír los testimonios de afectados en este caso, y que Volkswagen tuviese que enfrentarse a la incomodidad de escucharlos en la sala. Es más, Attaran cree que el Gobierno de Canadá y Volkswagen llevan meses negociando lo del acuerdo de culpabilidad y que les darán “un cachete en la cintura”.

Representando a la Corona (Canadá tiene técnicamente a Isabel II como soberana) está el fiscal Tom Lemon, que afirma que se defenderán los intereses del público al considerar que todos los canadienses han sido víctima del fraude, esos 128.000 coches han contaminado el aire del país.

Legalmente tiene sentido, científicamente… ufff. En Canadá vive menos gente que en España (35,2 millones de habitantes), y con lo vasto de sus territorios salen a menos de cuatro personas por kilómetro cuadrado, la mitad que la provincia de Teruel. Aclarado el tecnicismo, sí, lo normal es que el fiscal represente los intereses de los canadienses por haber sido engañados por las “bondades” de los que se creían motores diésel limpios.

Pues bien, hoy se ha celebrado la vista y el procedimiento va a continuar sin testimonios de particulares al margen de la Fiscalía porque no es su rol en un caso penal. Ese es el trabajo de la Fiscalía, no de las acusaciones populares. Tom Lemon recopilará testimonios de afectados para el 22 de enero, el siguiente paso en el procedimiento penal.

Este caso es contra la empresa, así que se solucionará básicamente con sanciones, multas y puede que, al igual que en Estados Unidos, Volkswagen tenga como penitencia que mejorar la movilidad eléctrica de los canadienses. Seguramente lo hagan encantados, pues ya tienen una nueva generación de coches eléctricos, aunque obviamente se podrían beneficiar los rivales. Y eso último beneficia a todos los que están en el negocio de la electromovilidad.

De momento, Volkswagen ha tenido que aflojar 30.000 millones de dólares para saldar esta cuestión en los principales mercados donde ha vendido sus diésel fraudulentos. Aunque en Estados Unidos hablamos de poco más de 500.000 coches, las consecuencias fueron muchísimo más duras que en Europa, donde el número de diésel trucados sobrepasaba los 10 millones. Varios miles de Volkswagen, Audi y Porsche con motores TDI llevan meses cogiendo polvo en gigantescas campas, recomprados a la fuerza, a la espera de que llegue algún día una solución técnica para solucionar sus problemas de gases.

Lo de Canadá seguramente sea un “pinchacito” y Volkswagen solo tendrá que aguantar unos incómodos momentos en la corte, en la prensa y en los medios de comunicación. Luego será lo de siempre, business as usual.