Audi acepta su responsabilidad por el diseño, manipulación y producción de motores diésel V6 y V8 equipados con programaciones tramposas para engañar a las autoridades europeas. La fiscalía de Múnich impone a Audi una sanción de 800 millones de euros (Bußgeldbescheid), la máxima que permite la legislación alemana por infracción regulatoria y obtención de beneficios.

El fabricante no va a recurrir la decisión, ya que acepta su responsabilidad en el fraude. La sanción reducirá consecuentemente el beneficio de Volkswagen AG -empresa matriz de Audi-, pero no implicará pérdidas. Para Audi esta sanción es un paso más hacia pasar página en este asunto, pasados tres años del estallido del escándalo (Dieselgate).

Esta sanción viene después de que en junio la fiscalía de Brunswick impusiese a Volkswagen una sanción de 1.000 millones de euros por la manipulación de los motores diésel de cuatro cilindros. Aunque 1.800 millones de euros pueden parecer mucho dinero, sigue siendo una minucia comparado con lo que Volkswagen ha tenido que desembolsar en Estados Unidos, más de 25.000 millones de dólares, y por muchísimos menos coches.

El CEO de Audi, Rupert Stadler, ya ha terminado su contrato al haberlo rescindido la empresa el 2 de octubre. El ejecutivo fue arrestado el 18 de junio y permanece a disposición judicial desde entonces. Su cargo ha estado siendo desempeñado por Bram Schot, un ejecutivo de ventas.

Queda pendiente para Volkswagen -y no es precisamente baladí- un pleito con inversores en Alemania por no haber avisado a las autoridades del fraude cuando existía conocimiento del mismo, lo cual implicó que, cuando saltó el escándalo, sus inversiones se depreciasen un 30 %. Pueden pasar años hasta que ese pleito quede resuelto.