Con una tensión narrativa propia de una canción de Pimpinela, el Partido Socialista y Unidas Podemos siguen fracasando en su labor de ponerse de acuerdo para formar gobierno, ya sea en coalición (juntos) o en cooperación (no revueltos). En el ir y venir de propuestas ha vuelto a salir algo que no ha gustado a las patronales del automóvil.

En un documento con 300 propuestas programáticas que PSOE ofreció a UP, se encontraba esta perla en el artículo 256: “Prohibiremos a partir de 2040 la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales”.

Vamos, esto es lo mismo que se conoció hace meses, concretamente en el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Desde Bruselas ya se ha aclarado que esto no es posible, no se puede perjudicar una tecnología concreta a ese nivel si tiene homologación comunitaria.

La redacción de ese artículo fue rectificada poco después, para quedar finalmente así: “En desarrollo de la estrategia de descarbonización de 2050, adoptaremos las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g CO₂/km”.

¿A qué se debió ese cambio? La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, lo achacó a un error de redacción. Es más, añadió que el Gobierno “nunca” ha hablado de prohibir los vehículos de combustión interna, que incluirían a los híbridos no enchufables y a los que usan energías alternativas como GLP y GNC. Eso sí, hablamos de nuevas matriculaciones, no afectaría al mercado de usados.

Ya hay tomadas medidas a nivel de la UE para que el mercado cambie a vehículos de cero emisiones, y los fabricantes ya van en esa dirección

Las aguas vuelven a su cauce, si la Unión Europea no permite tal cosa, no se podrá hacer. Sigue quedando la vía de desincentivar el uso de los vehículos de combustión interna hasta que el consumidor acabe literalmente pasando de ellos, y eso se puede hacer a través de impuestos, sin necesidad de prohibir nada.

Pero este nuevo bandazo no está ayudando, con una clientela cada vez más confusa, que no sabe qué hacer, y que tiene miedo de lo que pasará en 20 años. Ni los estudiantes de primaria están pensando en sus compras con semejante antelación. Estamos en 2019 y se ha instalado un temor generalizado, y eso que nada de lo mencionado se ha aprobado, son propuestas y tal y como está la aritmética parlamentaria, igual ni en 2040 han pasado de eso, propuestas.

Mientras caen las ventas de vehículos, aumentan los quebraderos de cabeza en las fábricas, se reduce la producción, hay que mandar empleados a la calle o a mandarlos temporalmente a sus casas. Es necesaria una definición clara sobre el camino a seguir, que se explique bien al público, y que se deje atrás este miedo infundado.

De todas formas, tiene pinta de que el 10 de noviembre volverá a haber elecciones generales. Las encuestas no son claras sobre lo que puede ocurrir, unas dicen que las izquierdas crecerán en votos, otras que ese electorado se desmovilizará y las derechas pueden llegar a acuerdos si no se sacan antes las tripas con cucharas de comer helados. Más incertidumbre, las cuartas elecciones generales en cuatro años, y en el horizonte se atisba otra crisis económica de aúpa.