En uno de los cambios de quincena más calentitos del año comienza la vida operacional completa de estos aparatos, coloquialmente drones, técnicamente Aeronaves Pilotadas por Control Remoto (RPAS). Del total de 11 unidades que tiene la DGT, solo tres están capacitadas para denunciar, pero ahí están. El resto carece de la necesaria homologación del Centro Español de Metrología (CEM) para servir como plataforma de multas.

Comprenderé perfectamente que haya mucha gente que esté en contra: los que van mirando el teléfono móvil, sin cinturón de seguridad, haciendo adelantamientos peligrosos, rozando los ciclistas con los retrovisores, haciendo giros prohibidos, sacando el culo por la ventanilla o esnifando una rayita en el salpicadero.

A todos los demás conductores de bien nos debería parecer estupendo

Estos medios aéreos de la DGT no están para poner multas por correr, porque ni tienen cinemómetros ni pueden cargar con ellos. Son como atalayas, permiten una visión de largo alcance a agentes de tráfico -que no están a más de 500 metros de distancia- para ver lo que el ojo no ve. Algunos solo enmiendan su comportamiento cuando ven a un Guardia Civil. Los drones pueden verlos hasta a 7 kilómetros de distancia mediante cámaras con teleobjetivo.

Desde mayo de 2018 la DGT está probando estos aparatos. El fabricante DJI ha sido el predilecto del ente público. Primero se estuvieron utilizando los Matrice 200 y Phantom 4, luego se hicieron pruebas con los Phantom 2, Phantom 4 Pro y S900. Ocho unidades sin certificación seguirán usándose para que los agentes puedan vigilar mejor el entorno.

Está prevista la compra de 20 drones más, ya no es una prueba piloto. Vienen a quedarse

Con cada carga la autonomía de vuelo de estos aparatos es de 20 a 30 minutos, pero los puestos de control móviles disponen de baterías recargadas para hacer un “pit stop” y volver a ponerlos en vuelo rápidamente. Aunque no van a sobrevolar las carreteras por motivos de seguridad, estarán en las inmediaciones y a una altura máxima de 120 metros.

Estos aparatos pueden funcionar, según el modelo, con un viento de hasta 36 km/h y en condiciones de lluvia nebulizada de hasta 11 litros/minuto, es decir, con protección IP43. La relación coste/beneficio es muy superior a la de los helicópteros Pegasus -hay 12 unidades- aunque no puedan cazar a conductores excediendo los límites de velocidad.

Lamentablemente, cuando uno circula en un vehículo se puede sentir impune para hacer todo aquello que sabe que no debe hacer. Estos aparatos rompen dicha impunidad y permiten ver lo que de otra forma no hay forma de ver. Las conductas que persiguen estos aparatos son malas para los ocupantes del propio vehículo vigilado y de los de su entorno.

Llegados a este punto, repito la pregunta, ¿a quién puede molestarle esta nueva vigilancia? Lo dicho, a quien sabe que un día le van a trincar haciendo lo que no debe. Puede que uno de esos sea cazado y tenga que pagar una multa, bien in situ, bien a través de denuncia que llegue por correo. Es posible que esa sanción provoque una reflexión que reprenda un comportamiento malo o lo elimine, y entonces sea salvada una vida.

Lo hemos visto en una información anterior, el uso indebido del teléfono móvil está seguramente en máximos históricos (las distracciones siguen aumentando su peso en la siniestralidad), aún hay merluzos que no se ponen el cinturón de seguridad, siguen jugándose los ciclistas el tipo -y más de un motorista también- y hay mucho irredento que necesita que le den un palo al bolsillo.

Igual, así, enmiendan. En todo caso, solo puedo ver un beneficio para la sociedad. Por mí, como si los compran al peso y se convierten en plaga. Si eso sirve para reducir las cifras de atocinados, distraídos, temerarios, irresponsables y futuros proyectiles que salen por las ventanas, chapeau. Yo tengo la conciencia muy tranquila al respecto.