Desde el día de ayer, la Comisión Europea tendrá poder para hacer llamadas a revisión, sancionar e incluso suspender los certificados para poder circular a los fabricantes de automóviles que incumplan la normativa de emisiones. Este paso es importante, pues unifica y centraliza este tipo de decisiones para evitar en lo posible que ocurran casos como el Dieselgate. Hasta la fecha cada estado miembro tenía que actuar.

Según informa Automotive News, la Comisión Europea ahora ostenta poderes ejecutivos sin precedentes en Europa, para poder tomar las riendas de las deficiencias detectadas en los vehículos. Por fin parece que los líderes europeos han tomado nota de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​ (NHTSA) de Estados Unidos, que tan buenos resultados ofrecen en defensa de los compradores estadounidenses de automóviles.

Las nuevas leyes otorgan a la Comisión Europea el poder para verificar el cumplimiento de la normativa en automóviles, hacer llamadas a revisión en el bloque de 27 países de la Unión e imponer multas de hasta 30.000 euros por automóvil para los fabricantes de coches cuyos vehículos infrinjan las leyes de la UE sobre emisiones o seguridad. Es decir, la Comisión no se limitará a evaluar las emisiones, sino que hará hincapié también en la seguridad de los vehículos que circulan por la Unión Europea.

La Comisión Europea comenzará a realizar controles de emisiones y seguridad en los vehículos, habiendo invertido 7 millones de euros en dos laboratorios de pruebas

Anteriormente a esta nueva ley, solamente el país que certificaba el vehículo podía sancionar o hacer llamadas a revisión, algo que evidentemente retrasaba las llamadas a revisión o sanciones en el resto de países de Europa donde se comercializaba este vehículo.

Las nueva normativa también permitiría a la Comisión Europea revocar las certificaciones de los vehículos para circular, lo que podría abrir las puertas a los los clientes europeos a demandar a los fabricantes de automóviles si compran modelos que luego se retiran de las carreteras por violar alguna ley de la UE.

Normalmente es cada país el que trata las sanciones a los fabricantes en caso de incumplimiento, pero ahora la Comisión estará vigilante, y si considera que las acciones son insuficientes, puede proponer más medidas correctivas, incluida la revocación del certificado de homologación del vehículo. Estas medidas deben ser aprobadas por mayoría de los países de la UE, lo que significa que un solo estado miembro no puede bloquear estas acciones, garantizando de esta manera que no existen intereses espurios por parte de ningún país para con sus fabricantes.

Desde luego, buenas noticias para los consumidores europeos que ven como ahora un organismo parecido a la NHTSA estadounidenses vela por sus intereses.