Iba a ser un proyecto de referencia internacional dentro del panorama automotriz y acabó siendo solo humo. Pero no solo fue un cúmulo de promesas incumplidas, sino que el proyecto Hiriko se desarrolló como un pozo donde subvenciones millonarias acabaron en el subsuelo, uno lleno de irregularidades que acabó por destruir el propio pozo. Lamentablemente hay más casos de coger la subvención y desaparecer, como el de Izaro Motors.

Hiriko fue tan solo uno de los tres ambiciosos proyectos automovilísticos que el Gobierno vasco pretendió impulsar años atrás de la mano del ex lehendakari Juan José Ibarretxe y el PNV alavés. Las otras dos partes del plan incluían la creación en Euskadi de un equipo de Fórmula 1, el conocido como proyecto Epsilon, y la construcción de un circuito en las instalaciones de la base militar de Araca, en Vitoria.

El proyecto Hiriko estaba destinado a ser “el coche vasco del pueblo”, un vehículo cuyo objetivo estaba fijado en el ámbito más urbano, donde primaban las dimensiones compactas y una movilidad de cero emisiones. Hiriko era la aplicación comercial del proyecto CityCar (2003) desarrollado por el Massachusetts Institute of Technology Media Lab (MIT), que data del 2003, y prometía una autonomía de 120 km entre recargas.

Cuando la iniciativa bautizada como Hiriko Driving Movility se comenzó a gestar en 2010 en el Parque Tecnológico de Miñano, Álava, contaba con el apoyo de la Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Alava (AFYPAIDA), el Centro Vasco para la Innovación, Emprendimiento y Desarrollo de Nuevos Negocios (DENOKINN), Epsilon Euskadi y la colaboración del equipo Smart Cities del MIT.

En principio, podía alcanzar los 50 km/h y sus baterías se podían recargar en apenas 30 minutos. Un motor eléctrico impulsaba cada eje, ambos motrices y directrices. Con unas dimensiones bastante compactas (2,63 x 1,75 x 1,54 m), era relativamente fácil de aparcar en casi cualquier hueco de la urbe. Pero su característica más especial estaba su constitución, pues se podía plegar y recortar su longitud en 63 cm.

El primer prototipo de producción fue presentado formalmente en Bruselas en enero de 2012 por el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso

¿La inversión total para el desarrollo del proyecto? 17 millones de euros, y todos y cada uno de ellos procedentes de fondos públicos. En verano de 2012 se finalizaría el ensamblaje en Vitoria de los 20 primeros prototipos. Un año después se comenzó a gestar la idea de crear franquicias a lo largo de Europa para que montasen las piezas diseñadas en el País Vasco. Pero la alegría duró poco, y en mayo de ese mismo año el proyecto Hiriko comenzó a tambalearse.

15 millones de euros fueron suministrados por el Ministerio y de Industria, y los dos restantes por el Gobierno vasco. Y el apoyo financiero autonómico se habría mantenido si el consorcio hubiese encontrado los recursos necesarios para lograr la homologación industrial del vehículo, cosa que no consiguió, a pesar de que el Hiriko fue inscrito en junio de 2013 en el registro nacional de propiedad intelectual de Brasil.

Presentacion de Hiriko en Berlin (2011)

Pero algo empezaba a oler mal. El 29 de noviembre se dictó sentencia tras un juicio que dirimiría la quiebra de Epsilon Euskadi, representada por Joan Villadelprat. Tras atender a lo expuesto en la vista oral por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la administración concursal, el juez dictaminó una condena de tres años de inhabilitación a Villadelprat y la devolución de 900.000 euros a los acreedores. AFYPAIDA ya había dilapidado por entonces cerca de 19 millones de euros.

Entre abril de 2013 y febrero de 2015 la empresa paralizó su actividad “por ausencia de recursos”

El 20 de diciembre de 2017, el Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria culpó de la quiebra de la firma al ex concejal del PNV Íñigo Antía, así como a los cuatro empresarios líderes de AFYPAIDA: Jesús Echave, también miembro del consejo de administración de Kutxabank a propuesta del PNV, el comercial de joyería vitoriano Fernando Achaerandio y el promotor inmobiliario José Luis Bengoechea.

Todos ellos quedarían incapacitados para la administración de los bienes ajenos durante un periodo de dos años con una indemnización de 535.000 euros. La sentencia, sin embargo, no fue acorde a las penas reclamadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, quienes reclamaban la devolución de 17,7 millones y 18,9 millones en respectivamente. Y por si fuera poco, la Fiscalía reclamaba una década de inhabilitación para los acusados.

La sentencia fue ratificada el pasado mes de agosto por la Audiencia Provincial de Álava, quedando la resolución por la vía penal. Eva Román, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, acusó a los investigados de sendos delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida y fraude fiscal. De acuerdo con EFE, los promotores del fallido proyecto Hiriko ya habrían depurado sus responsabilidades en la jurisdicción mercantil.

Sin embargo, el pasado 6 de junio, la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó una sentencia en la que los socios de AFYPAIDA y sus colaboradores están obligados a conseguir los objetivos principales del proyecto y no solo a desarrollar una mera investigación sobre movilidad eléctrica urbana. La Administración central mantiene la reclamación de 6,4 millones de euros (5,7 millones más 700.000 euros en intereses de demora).

Según el escrito fiscal, los acusados podrían haber utilizado 6,4  millones de euros de los fondos públicos en beneficio propio

“La obligación asumida por el beneficiario [AFYPAIDA] al respecto del objeto comprometido por la subvención de autos no era la simple de efectuar el desarrollo de una investigación y de efectuar un gasto presupuestado en una memoria”, integra el auto suscrito por el tribunal de la Audiencia Nacional. El gobierno de Zapatero entregó 5,7 millones de euros en 2010 y otros 8,8 más para sufragar el proyecto Hiriko pero, como establece la sentencia de la Audiencia Nacional, vinculados a unos compromisos que no se cumplieron.

El Gobierno vasco, quien colaboró con otros 2,7 millones de euros, y la Administración Concursal defienden por su parte que fue, simplemente, un proyecto “frustrado por dificultades técnicas y agotamiento de la financiación exclusivamente pública”, argumento que ha sido válido para la Audiencia Provincial de Álava al considerar que no existían indicios penales por las consecuencias del proyecto Hiriko hacia los cinco acusados, pero no para la Audiencia Nacional.