El 1 diciembre de 2018 a las 0:00 se produjo un hecho inaudito en la red viaria española: por primera vez, una autopista de peaje pasaba a manos públicas tras extinguirse su concesión, la AP-1 entre Burgos y Armiñón. Otras tantas deberían haberlo hecho ya, pero se prolongaron las concesiones por razones políticas cuando ya estaban pagadas, repagadas y tripagadas con el paso de los años.

Europa Press informa que el tráfico en la AP-1, ya gratuita, aumentó en un 58,7 % respecto a noviembre de 2018, y si la comparación se hace con diciembre de 2017, aumentó un 40 %. En otras palabras, en el mes anterior había 16.703 vehículos al día, en diciembre 26.516; en diciembre de 2017 fueron 18.899. Todos esos vehículos dejan de circular -en teoría- por la N-I, una vía convencional de dos sentidos de circulación en la misma calzada y proyectada en los tiempos de Maricastaña.

El importe máximo que tenían que pagar los turismos y motocicletas era de 12,25 euros. Mucho más lo notan los pesados, que se libran de pagar 13,20 euros (camiones) o 25,30 euros (autobuses) por el trayecto completo. Lo que viene a continuación no nos va a sorprender: el tráfico de vehículos pesados ha pasado de 3.794 al día en noviembre, a 6.400 al día en diciembre. Todos esos camiones y autobuses que abandonan la N-I permiten un gran alivio en materia de riesgos para todos los conductores. En 2017, con peajes, el 14 % del tráfico era de vehículos pesados, mientras que en la N-I eran la mitad del tráfico rodado.

En el cómputo anual, la AP-1 ha aumentado su tráfico un 5,26 % en 2018, el doble que la media de vías de peaje

Me encantaría viajar ahora mismo un año hacia el futuro, y ver cómo ha descendido la siniestralidad en la provincia de Burgos, por donde transcurre la mayoría del trazado de la AP-1, y puede que se note también en Álava, donde se encuentra Armiñón. Las vías como la N-I, habiendo una autopista alternativa, deberían ser utilizadas únicamente para los locales que quieran ir de un pueblo a otro, o por elección simple, no para evitar un sablazo.

Mientras el Gobierno y la DGT perpetran hoy la reducción del límite de velocidad de 100 a 90 km/h en las vías secundarias de un carril por sentido, bajo la creencia de que reducirá la siniestralidad, durante todo 2019 aun quedarán en activo los peajes de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, y en la AP-7 entre Alicante y Tarragona. Si se hubiesen liberado YA de los peajes, más vidas se habrían salvado. Esto debería caer como una losa de granito encima de las conciencias de aquellos políticos negligentes que prorrogaron peajes, poniendo las vidas de ciudadanos españoles -y de cualquier otro sitio- en peligro para beneficiar a empresas privadas.

Se acercan elecciones. Cualquier partido político que defienda -o que no sea clarito al respecto- el sostener la red viaria españolas con más peajes, ya sea a la portuguesa o poniendo barreras, debería quedar automáticamente excluido de nuestra lista de opciones.