Ayer se presentó la propuesta del PSOE y Unidos Podemos para los Presupuestos Generales del Estado para 2019, con un importante aumento en el gasto público para beneficiar a los colectivos más vulnerables. Ese aumento de gasto implica también nuevas imposiciones y tasas, y entre los afectados estarán los que conducen vehículos de gasóleo -y no son autónomos ni transportistas-.

Ya sabíamos que se iba a incrementar el impuesto especial de hidrocarburos para ir equiparando la carga fiscal del gasóleo y de la gasolina. En una primera fase implicará un gasto adicional de 3,3 euros al mes para quienes hagan 15.000 kilómetros al año, de acuerdo a cálculos del Gobierno. Solo de esta forma se podrán recaudar 600 millones más. El objetivo es llegar a una recaudación extra de 2.100 millones de euros más, cuanto haya subido 15 céntimos más por litro respecto a ahora.

Según el informe de recaudación tributaria que cerró 2017, se reunieron 4.204,971 millones de euros en impuestos de hidrocarburos solo por el Estado, las CCAA se embolsaron 6.549,208 millones de euros y las ciudades autónomas 126,895 millones de euros. En total hablamos de 10.881,074 millones de euros recaudados a los conductores solo por ese concepto.

Pero esto no es todo. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ya ha dejado caer que el Gobierno está planteándose también modificar los impuestos sobre el automóvil para que la vejez penalice, y se deben referir a una reforma del IVTM -el “numerito” o impuesto anual que recaudan los ayuntamientos-. La edad del parque móvil español supera los 14 años de edad si hablamos de turismos. Otra posibilidad, esgrimida por Unidos Podemos, es gravar el peso y emisiones contaminantes.

Parte de lo recaudado con esos impuestos se destinará a la subvención de coches eléctricos durante dos años, tal y como puede leerse en la página 37 de la propuesta:

“Poner en marcha un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, estable e ininterrumpido hasta el año 2020, evitando así que las ventas se concentren en momentos determinados y/o queden paralizadas hasta la aprobación de nuevas ayudas, como sucede actualmente. El plan contará en el año 2020 con al menos el 30% de la mayor recaudación del impuesto del combustible de los vehículos diésel producida por el cambio normativo para dichas actuaciones.”

Haciendo la cuenta de la vieja, supongamos que en 2019 hay disponibles unos 1.000 millones de euros de aumento de recaudación a cuenta de los que tienen vehículos diésel, por lo que el mencionado plan tendría una dotación de 300 millones de euros. Seguiría siendo claramente insuficiente para atender la creciente demanda de vehículos eléctricos. Al menos será un gran aumento sobre los 16,6 millones de euros apartados para el Plan VEA (Vehículos de Energías Alternativas) que debería arrancar este año.

En nuestro país la penetración de los vehículos eléctricos sigue siendo muy baja, lo cual es la tónica habitual en un país europeo de renta per cápita media. Donde se están vendiendo muy bien es en países con mayores ingresos -también tienen mayores impuestos-, por lo que subvencionar viene siendo necesario para estimular la demanda. La pregunta que hay que hacer es si es justo que los que repostan gasóleo -los que más están contaminando- financien la compra de coches eléctricos a los demás.