Como ya os ha adelantado mi compañero Javier, las intenciones del nuevo Gobierno de España, de fuerzas de izquierdas, se empiezan a ver poco a poco. Dejando atrás el ruido que generan los tertulianos, la oposición, y otros problemas de menor calado, vamos a centrarnos en un aspecto que nos tocará muy de cerca, las zonas de bajas emisiones que pretenden implantar en municipios de más de 50.000 habitantes.

Hasta la fecha, ciudades como Madrid o Barcelona se han visto obligadas a implantar zonas de bajas emisiones para cumplir con la legislación relativa a la calidad del aire, Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, que dice así en su introducción: “[…] la ley establece determinadas obligaciones para los municipios con población superior a 100.000 habitantes y las aglomeraciones, como la de disponer de instalaciones y redes de evaluación, informar a la población sobre los niveles de contaminación y calidad del aire o elaborar planes y programas para el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire”.

Dicho de otra forma, que no se trataba de las emisiones de cambio climático -sobre todo el CO₂ que emiten los vehículos con cualquier motor de combustión interna-, sino evitar daños a la población por gases contaminantes, tras haberse medido el nivel de polución y haberse establecido planes de contingencia. La futura Ley de Cambio Climático pretende cortar las emisiones en los núcleos más poblados sin que sea necesaria una alta polución.

Así se anuncia la zona de bajas emisiones de Barcelona: movilidad sostenible, transporte público y prioridad en las personas – Fuente: Generalitat de Catalunya

Las zonas de bajas emisiones no son utópicas, hay ejemplos ya

De los más de 8.000 municipios que hay en España, son 145 los que aglutinan más de 50.000 personas. Los demás son los de la “España vaciada”, y se reparten prácticamente la mitad de la población. Es decir, estas medidas afectarían potencialmente a la mitad de los españoles, unos 23,6 millones de almas.

En las zonas de bajas emisiones se pretende dar más prioridad a los medios limpios de transporte, es decir, caminar, bicicleta, patinetes, vehículos de cero emisiones y el transporte público. El transporte privado quedaría restringido a los vehículos eléctricos o híbridos enchufables (etiquetado Cero) y poco más, con un mayor enfoque en los residentes, profesionales del transporte, servicios públicos y de emergencia, taxis…

Habrá una fuerte oposición a la implantación de las ZBE por medio país… pero en unos años ya veréis cómo cambia la cosa

Si se aprueba la Ley de Cambio Climático los distintivos ambientales de la DGT van a cobrar un papel muchísimo más relevante del que tienen ahora. Sin la “pegatina” circular va a ser difícil o imposible, aunque los residentes dispondrán de un tiempo para adaptarse. Pasado ese tiempo, puede que solo los vehículos históricos (catalogados como tal) puedan circular sin distintivo ambiental, como ya pasa en Madrid -fuera del ámbito de Madrid Central-. Digo “puede” porque no es un texto aprobado.

El centro urbano de Getafe (calle Madrid y alrededores) está peatonalizado desde hace 15 años

Los vehículos con los distintivos “B” o “C” seguramente experimentarán alguna restricción. No se trata de reducir únicamente la contaminación -que también, como efecto implícito- sino de reducir las emisiones de carbono ligadas a la movilidad. En otras palabras, en los centros urbanos habrá que moverse en medios sin emisiones o de muy bajas emisiones. Esto llevará a una mayor peatonalización, calles más estrechas, menos plazas de aparcamiento… Desde luego el transporte público mejorará su velocidad comercial.

Y este fenómeno ya se ha visto en varias ciudades españolas, fundamentalmente en los cascos históricos, donde el vehículo privado apenas circula, o directamente no circula. Podemos acordarnos del tráfico que había bajo el acueducto de Segovia antes de 1992, o en el casco viejo de Sevilla, o en el centro de Pontevedra.

En algunos municipios grandes se tomaron medidas hace años que han tenido un impacto muy positivo en sus residentes. Ya tienen la mitad del trabajo hecho (o casi todo)

Tirando de datos de 2017, en la ciudad gallega se han reducido los desplazamientos en vehículos hasta que el 70 % se hacen en bicicleta o a pie. En el mismo sentido bajaron las emisiones de CO₂ otro 70 % desde 1999. Desde luego la medida es aplicable, aunque evidentemente hubo muchas protestas en su momento. En la actualidad ya no hay quien revierta eso.

Hace 20 años que no hay tráfico aquí – Fuente: Concello de Pontevedra

Pues ese es el futuro que espera al centro de las grandes poblaciones. La idea puede provocar un rechazo inicial, pero hay que verlo desde este punto de vista: aire más respirable, muchísimo menos ruido, mayor calidad de vida, mayor actividad comercial y al aire libre, revalorización de las propiedades, etc. De vez en cuando sonará un leve zumbido de un patinete eléctrico, un ciclomotor a baterías o el turismo eléctrico de un residente.

No hay formas sencillas ni económicas para que los turismos existentes reduzcan sus emisiones de CO₂ hasta niveles casi inexistentes, tendrían que reducir su consumo a menos de 1-2 l/100 km, un reto ingenieril que no merece la pena para vehículos ya entrados en años. Habrá que pasar por el aro de lo eléctrico o replantearnos la movilidad en los centros urbanos para que estos vuelvan a ser de las personas, no de los vehículos.

De todas formas, las buenas intenciones no bastan, las leyes se sacan adelante con votos, y al PSOE y Unidas Podemos no les bastan con los suyos

Los nacionalistas y regionalistas exigirán sus dádivas y concesiones, la oposición seguramente no estará por la labor de apoyar esta ley (sobre todo VOX), y los independentistas a lo suyo, las repúblicas independientes de su casa. Que nadie dé por hecho que la Ley de Cambio Climático salga… pronto. Siempre pueden obligarnos desde Bruselas a hacerlo, gobierne quien gobierne.