Yo lo llamo chupatintismo, y consiste en confundir la producción de normas con la solución de problemas, hasta el punto de que el papel acaba dando más problemas que aquellos que pretende señalar. El coche funciona, el taller sabe repararlo y el propietario quiere conservarlo, pero aparece alguien con capacidad para redactar obligaciones y decide que todo eso debe someterse a una ocurrencia administrativa de alguien que ni tiene coche, ni taller, ni sabe por dónde le da el aire. Después cuenta las disposiciones aprobadas, presenta el balance como una demostración de eficacia y espera que aplaudamos y demos por justificado su salario. A mí me parece una forma especialmente cara de incompetencia, porque quien la practica no solo deja el problema sin resolver, sino que obliga a los demás a dedicar tiempo y dinero a gestionar el que acaba de añadir.

Aprobar 200 leyes y regulaciones nuevas al año no demuestra que se gobierne bien, del mismo modo que cambiar doscientas piezas no demuestra que un mecánico sea bueno (a menudo es lo contrario). Sí, puede demostrar exactamente lo contrario, sobre todo cuando la máquina entra funcionando y sale convertida en un problema. Los burócratas anestesiados mentalmente que alimentan esa maquinaria estatal han perdido el contacto con una distinción elemental: que las palabras no son la realidad.

Una firma no fabrica una pieza, una publicación oficial no abre un taller y un plazo de adaptación no resucita un proveedor desaparecido. Sin embargo, el chupatintismo trabaja como si la realidad tuviese obligación de obedecer al documento, y cuando no lo hace interpreta que el ciudadano se resiste, que el profesional busca excusas o que falta otra regulación que termine de amarrarlos bien. La posibilidad de que el disparate esté en la orden parece quedar fuera del formulario en toda instancia.

El del automóvil es el sector permite ver esa desconexión con una claridad estupenda, porque la mecánica no negocia con el boletín oficial del estafo. Un rodamiento tiene holgura o no la tiene, una soldadura resiste o falla y una centralita necesita una alimentación concreta para no fundirse. Ninguna de esas cosas cambia porque un despacho haya decidido emplear una palabra más solemne.

El coche envejece, por más que les pese a algunos

Hay una clase de político que no distinguiría un catalizador de un silencioso aunque le cayesen ambos sobre el pie, pero que se siente capacitada para legislar sobre mecánica sin entender ni papa de la reparación. Su coche imaginario conserva siempre la referencia original, encuentra cualquier componente en el mostrador de su distribuidor AD más cercano y recibe asistencia del fabricante hasta el final de los tiempos y más allá. El automóvil de verdad envejece, acumula reparaciones y acaba necesitando soluciones que no figuraban en el catálogo cuando salió de fábrica. Esa diferencia debería ser el punto de partida de quien redacta una obligación de mantenimiento, no una sorpresa desagradable que descubre cuando el taller empieza a protestar.

Pensemos en una centralita cuya carcasa sigue intacta mientras un componente electrónico de su interior ha fallado y la marca ya no suministra el conjunto. El trabajo del reparador consiste en diagnosticar, sustituir lo necesario y comprobar que recupera su función, no en venerar una referencia como si fuese una reliquia. El mismo criterio te obliga a comprobar materiales, tolerancias y funcionamiento cuando se reconstruye una pieza mecánica, porque la equivalencia técnica se demuestra trabajando sobre el objeto. La identidad del recambio y su aptitud para funcionar no son lo mismo, aunque resulte más cómodo buscar un código en una lista que entender cómo se ha resuelto la avería.

El recambio descatalogado no reaparece por exigírselo al propietario. Alguien tendrá que reconstruirlo, encontrar una equivalencia o volver a fabricarlo, y cada alternativa exige trabajo, conocimiento y dinero. Exigir un resultado sin permitir los medios para conseguirlo no es ser riguroso, sino colocar una trampa y llamar incumplimiento a la caída esperada.

El chupatintas puede conservar una ficha perfecta mientras el coche se queda inmovilizado por falta de suministro y opciones legales. El expediente queda así completo y la reparación se vuelve misión  imposible, algo que debería considerarse un fracaso del procedimiento, pero todavía habrá quien lo presente como una victoria del control administrativo y nosequés climáticos.

La comodidad del burócrata nos sale carísima

La consulta del Departamento de Transporte británico sobre emisiones de vehículos en uso (la noticia que me ha inspirado para lo que estás leyendo, aunque ni tú ni yo seamos de Birmingham) ofrece un ejemplo concreto de la comodidad del burócrata convertida en criterio regulador. El documento propone no distinguir entre las emisiones excesivas causadas por mantenimiento deficiente y las provocadas por modificaciones, ni separar las alteraciones involuntarias de las deliberadas. Alega que sus efectos son los mismos y que acreditar esas distinciones dificultaría la aplicación de la norma. La consulta todavía no es una ley aprobada y admite recambios genéricos legales y pregunta por exenciones, pero ese razonamiento merece una crítica por sí solo: que comprobar las circunstancias da trabajo, así que se plantea prescindir de diferencias que pueden importar mucho a la hora de atribuir responsabilidades. Que paguen todos, hombre ya.

Un efecto medible no explica por sí solo quién lo causó, qué podía saber el propietario ni qué opciones tenía para evitarlo. Investigar la causa no es una molestia ajena al trabajo, sino parte del trabajo cuando se pretende señalar a un responsable. Borrar esa investigación del procedimiento puede facilitar la sanción, pero no vuelve más competente a quien sanciona, de hecho, todo lo contrario.

La autoridad debería obligar a pensar más antes de decidir sobre la vida de otros, pero el chupatintismo convierte la autoridad en una dispensa para pensar. Quien recibe la orden debe justificar hasta el último detalle, mientras que quien la firma pretende dar por justificada su necesidad con el hecho de haberla firmado.

Lo importante de ese ejemplo no es el pasaporte del despacho, sino el mecanismo. Si la Administración simplifica su tarea trasladando toda la incertidumbre al administrado, no ha eliminado la dificultad, sino que la ha cambiado de sitio. El tiempo que ahorra quien tramita puede reaparecer multiplicado en consultas, informes, desplazamientos y recursos de quienes intentan cumplir. La eficiencia no se mide solo desde la mesa del funcionario, porque el taller y el propietario también forman parte de la cuenta. Llamar simplificación a un procedimiento fácil de imponer y carísimo de obedecer es tomar al ciudadano por imbécil con vocabulario técnico.

El taller trabaja y el chupatintas se apunta el tanto

El taller pequeño mantiene una parte de la industria que no cabe en la fotografía de un ministro delante de una cadena de montaje. Hay profesionales que reconstruyen mecanismos, recuperan placas electrónicas (y en España tenemos a algunos especialistas espectaculares que recuerdo de mi época en Jesauto) y que encuentran soluciones cuando el mostrador de la marca ya sólo te ofrece el dedo de las peinetas. Su trabajo exige averiguar qué ha fallado, con qué puede sustituirse y cómo comprobar el resultado, y precisamente por eso me irrita la superioridad administrativa frente al conocimiento del oficio. El que sabe reparar termina pidiendo permiso a quien no sabe qué está mirando, mientras este último confunde la facultad de autorizar con la capacidad de comprender. El sello vale más que la experiencia hasta que hace falta arreglar algo.

Una obligación puede parecer insignificante cuando se redacta y resultar decisiva cuando se reparte entre diez encargos al año. La misma carga fija no pesa igual en una multinacional que en un taller, por mucho que el formulario tenga idéntico número de casillas para ambos. Supongamos que un especialista puede reconstruir una pequeña serie de piezas y que el trabajo ofrece un resultado verificable. Si el procedimiento para aceptarlo cuesta más de lo que puede recuperar con esos encargos, el servicio deja de ser viable, aunque conserve toda su utilidad técnica.

El legislador puede responder que no ha prohibido reparar, pero habrá establecido unas condiciones draconianas con un efecto muy parecido. Volver impracticable una actividad también es una manera de prohibirla (de facto), y resulta especialmente cómoda porque permite negar la responsabilidad después: el taller cerró, el profesional se jubiló o el mercado no respondió, como si la barrera que les pusieron no hubiese existido.

Ya conté cómo algunas marcas vuelven a fabricar repuestos para sus clásicos, pero esa oferta no cubre cualquier coche ni cualquier necesidad. La conservación también depende del especialista independiente, y de diseñar las obligaciones como si siempre hubiese un fabricante dispuesto a respaldar la reparación equivale a legislar para un mundo donde solo sobreviven los modelos que todavía dan negocio a su marca.

La casilla de un formulario no puede ni debe sustituir al juicio técnico

El chupatintismo adora las categorías porque permiten decidir deprisa (según ellos), aunque la rapidez sea una pésima virtud cuando sirve para equivocarse con mayor rendimiento. Un coche entra en una casilla, una pieza lleva determinada etiqueta y el expediente recibe una respuesta sin que nadie tenga que mirar mucho más. Ya explicamos por qué España no era país para clásicos, pero el problema que me interesa aquí va más allá de una restricción concreta, y es que la clasificación administrativa termina sustituyendo al examen de la realidad. El sistema deja de usar la casilla para orientarse y empieza a exigir que el objeto se comporte como la casilla dice.

Un vehículo no cambia de naturaleza mecánica al cumplir un aniversario, aunque su clasificación pueda cambiar ese día. La necesidad de un recambio equivalente no empieza cuando llega una etiqueta administrativa, porque el catálogo del fabricante puede haberse agotado mucho antes de que el coche reúna los requisitos para obtenerla.

A pesar de mi tono beligerante, debo reconocer también que el Reglamento de Vehículos Históricos español de 2024 sí reconoce en su artículo 16 la sustitución mediante reproducciones o equivalencias cuando determinadas piezas ya no existen o no pueden adquirirse a precio razonable. Su artículo 14 tampoco considera reforma el mantenimiento habitual o el cambio por piezas iguales o similares. Reconocer que conservar exige sustituir es admitir una realidad material, no descubrir una nueva rama de la ingeniería. Ese reconocimiento demuestra que la letra puede acomodarse a la máquina cuando acepta cómo funciona, y deja todavía más en evidencia la pretensión de que cualquier alternativa al recambio original sea, por naturaleza, una sospecha que deba arrastrar el propietario.

El criterio que defiendo es comprobar la reparación con pruebas pertinentes, responsabilidades claras y requisitos proporcionados a lo que se ha hecho. Una medición aislada no certifica un coche entero, pero tampoco una montaña de documentos convierte en buena una reparación defectuosa. El papel debe servir para acreditar el trabajo, no para reemplazarlo.

Que justifiquen cada obstáculo que quieren imponernos

Si queremos mantener esta ventaja frente a los del otro lado del charco, yo invertiría la carga de la explicación: antes de exigir otro trámite, quien lo propone debe demostrar para qué sirve. Tendría que identificar el problema, explicar qué falla en lo que ya existe, calcular cuánto costará cumplir y establecer cómo se comprobará si ha mejorado algo. También debería sentarse con quienes van a ejecutar la obligación, no para organizar una fotografía de participación, sino para enterarse de si existen las piezas, los equipos, los conocimientos y el tiempo necesarios. Aprobar primero y descubrir después que nadie puede cumplir no es ambición política, sino trasladar una negligencia de despacho a miles de personas que no la han cometido.

Además, el coste del tiempo ajeno debe entrar en la cuenta. Una mañana perdida buscando certificados, una semana esperando una respuesta y un encargo rechazado por incertidumbre no desaparecen porque el presupuesto de la Administración no los registre como gasto. Los paga alguien que podría estar haciendo un trabajo útil.

El balance de una política debería hablar de problemas resueltos, plazos reducidos, fallos evitados y actividades que pueden desarrollarse con menos fricción, no presumir del número de disposiciones publicadas. Una norma que sobra debe retirarse, una que se contradice debe corregirse y una que no produce el resultado prometido no merece continuidad por el esfuerzo que costó redactarla. Regular más no es gobernar mejor, y presentar la inflación normativa como productividad solo sirve para premiar a la maquinaria por alimentarse a sí misma. El legislador tendría que responder por las consecuencias de su trabajo con una exigencia comparable a la que impone al taller por las suyas.

Por eso mi crítica va dirigida al chupatintismo y a sus burócratas anestesiados mentalmente, no a un país concreto ni a una rareza de la legislación británica. Lo que me molesta es la incapacidad para distinguir entre disponer y conseguir, entre dejar constancia y hacer algo útil, entre ejercer autoridad y saber de lo que se habla. Un mecánico no puede devolver un coche averiado alegando que ha rellenado todos los papeles, y un político tampoco debería presumir de gestión cuando su gran resultado es que ahora cueste más repararlo. El boletín puede salir impecable mientras todo lo demás funciona peor, pero entonces lo que falla es quien gobierna, no la realidad que se niega a darle la razón.