En Bruselas no descansan. Si algo funciona y lo puede disfrutar la clase media, tarde o temprano lo convierten en problema, y ahora le ha tocado al coche usado, que según la última genialidad regulatoria, está en el punto de mira de la Unión Europea. El objetivo: reducir su circulación, encarecer su mantenimiento, limitar sus ventas y forzar a los conductores a comprar vehículos nuevos, eléctricos y controlados. Todo envuelto, por supuesto, en el lazo ecológico de siempre.

La propuesta, que en teoría busca “armonizar” los mercados y garantizar una renovación del parque móvil más eficiente, es en realidad una ofensiva directa contra quienes no pueden permitirse comprar un coche nuevo cada cinco años. Dicen que lo hacen por el planeta, pero no hay más que rascar un poco para ver que debajo de la capa verde lo que hay es presión industrial, intereses cruzados y una ignorancia insultante sobre la vida real de millones de ciudadanos europeos.

El elefante en la habitación que dirían los yanquis es que el coche usado no es solo una opción económica, sino que es, para muchos, la única posibilidad real de moverse con autonomía. Es el coche del joven que empieza, del currante que vive a 40 km de su trabajo, de la familia que no llega a fin de mes, del autónomo que no quiere deberle 30.000 euros al banco por un SUV que le han colado con pegatina Cero. Bruselas, bien sentadita en su torre de marfil, no tiene ni idea de lo que supone eso.

Lo más grave es que todo esto se plantea sin decirlo claramente. No hay una prohibición formal, no hay un “quedan prohibidos los coches usados a partir de tal fecha”. No. Lo que están haciendo es algo más sutil y más peligroso: una prohibición de facto. Ya llegaremos a eso, pero primero vamos a explicar qué están tramando exactamente.

Así quieren fulminar al mercado de segunda mano

Según la Comisión Europea, la propuesta busca “evitar distorsiones en el mercado” y asegurar “una transición justa hacia una movilidad más limpia”. Traducido al idioma de la calle: quieren impedir que los países con normativas más laxas o coches más antiguos puedan seguir vendiéndolos a otros donde las exigencias medioambientales ya han disparado los precios de los vehículos. Es decir, pretenden igualar a toda Europa por abajo, apretando a los países más pobres y a los ciudadanos más necesitados.

El plan es eliminar lo que llaman “dobles estándares”. Un coche que no cumple los requisitos ambientales en Francia o Alemania no debería poder circular libremente en Polonia o España, ni venderse allí como si nada. Para ello, se endurecerán los controles técnicos, se multiplicarán las limitaciones de circulación en zonas urbanas, y se fomentará un nuevo sistema de homologación europea que complicará hasta el absurdo la vida al coche de ocasión.

A esto se suma el creciente cerco financiero. Suben los impuestos a los vehículos antiguos, se imponen peajes blandos (como las ZBE), y los seguros comienzan a penalizar a quienes conducen coches con más de 10 años. Resultado: el coche usado pierde valor, se vuelve difícil de vender y acaba siendo más caro mantenerlo que cambiarlo por uno nuevo. Pero claro, para eso tienes que tener 30.000 euros a mano, o meterte en una deuda de la que no saldrás hasta que el coche esté obsoleto de nuevo.

Por supuesto, los coches eléctricos están en el centro del pastel. Bruselas quiere que cambies tu viejo diésel de 2006, que funciona perfectamente y consume poco, por un eléctrico de 40.000 euros que tendrás que cargar en un enchufe público que no existe, y si no lo haces, no pasa nada: simplemente no podrás aparcar, circular ni vender tu coche en condiciones razonables. Pero insisten: no es una prohibición. Es “progreso”.

¿Qué demonios es una prohibición de facto?

Una prohibición de facto no es una ley que te diga “esto está prohibido” (eso provocaría protestas masivas), sino un conjunto de normas, trabas, costes y restricciones que hacen que algo sea inviable sin prohibirlo directamente. Es el arte de hacer imposible lo legalmente posible. El coche usado seguirá siendo “legal”, pero será un engorro insostenible poseerlo, circular con él o venderlo. Esa es la estrategia de Bruselas: matar sin ensuciarse las manos.

El mejor ejemplo lo tenemos en las Zonas de Bajas Emisiones. No prohíben directamente tu coche, pero si no puedes entrar a la ciudad, si el seguro te cuesta el doble y si no encuentras recambios porque han restringido su distribución, lo normal es que te rindas y lo cambies. Esa es la lógica del sistema: empujarte hacia una decisión forzada que parezca voluntaria.

Esto no es nuevo. La propia DGT lo hace en España desde hace años: endurecer las ITV, clasificar coches por etiquetas arbitrarias, multar a quienes aparcan sin distintivo… Todo sin sacar una ley que diga “prohibimos el coche viejo”. Porque como decimos, una ley así generaría resistencia, protestas, incluso demandas. Sin embargo, si lo haces todo en nombre de la salud pública y el medioambiente, te aplauden aunque estés arruinando a medio país.

Por eso hay que tener claro lo que está en juego: esto no va de ecología, va de control. No quieren que tú decidas qué coche conduces. Quieren decidirlo ellos, en función de criterios que cambian cada seis meses. Hoy es la contaminación, mañana será el software, pasado el sistema de conectividad, y siempre, siempre, tendrás que pagar más.

El impacto: todos perdemos, menos ellos

¿Quién se ve afectado por esto? Todo aquel que no pertenezca al 10% más rico de la población europea. Porque esta medida golpea directamente a quienes dependen del coche para vivir, no para lucirse, y eso incluye a familias, trabajadores del campo, autónomos, estudiantes y hasta jubilados que simplemente no tienen alternativa al coche de toda la vida.

El mercado de segunda mano es también un termómetro de la libertad de movilidad. Cuanto más fácil es comprar y mantener un coche usado, más libre es una sociedad. Y ahora quieren cargarse eso. Los talleres, por ejemplo, viven en gran parte del mantenimiento de coches con más de 10 años. Si desaparecen, desaparece con ellos un tejido económico que no se puede sustituir con cargadores y apps de movilidad compartida.

Además, esto genera una desigualdad obscena. Porque mientras tú tienes que hacer malabares para mantener tu coche viejo dentro de la legalidad, las instituciones se blindan con flotas nuevas, subvencionadas y sin límite de uso, y las grandes marcas, encantadas: venden más, controlan más, y se aseguran de que los coches del futuro no se reparen, sino que se cambien cada pocos años. Pura obsolescencia programada.

El ciudadano medio, mientras tanto, va perdiendo capacidad de decisión. Ya no puedes elegir motor, ni configuración, ni tipo de combustible. Ahora ni siquiera podrás elegir si te compras un coche nuevo o uno usado. Porque Bruselas ha decidido que el futuro debe ser limpio, eléctrico… y estar completamente fuera de tu alcance.

¿Quién gana con esto… y qué podemos hacer?

Esta ofensiva contra el coche usado no es una política técnica, sino ideológica. Ganan los fabricantes que ya están posicionados en la electrificación. Ganan las aseguradoras que cobrarán más. Ganan los bancos que financiarán coches nuevos. Y gana el discurso oficialista que lleva años criminalizando al automovilista como si fuera el culpable del cambio climático, de la mala calidad del aire y hasta del Coronavirus.

Pierde todo el mundo que depende del coche como herramienta de trabajo, como vía de libertad o como necesidad vital. El coche usado es el último bastión de autonomía real que nos queda en el mundo de la movilidad. Puedes arreglarlo tú mismo, puedes pagarlo sin financiarlo, puedes venderlo sin pasar por el aro. Eso es precisamente lo que Bruselas quiere eliminar.

¿La solución? Resistir. Informar. Denunciar lo que está pasando. Exigir que los políticos hablen claro y que los medios no se traguen el discurso oficial sin cuestionarlo. Y sobre todo, seguir comprando, vendiendo y usando coches usados mientras se pueda.